La renovación urbana en EE.UU. (II)

De Sofía Simou

TIF.jpgHabiendo enfatizado en la parte anterior de esta exposición en el carácter público-privado, flexible y negociado de los procesos, a continuación se hará brevemente referencia a los dos grandes bloques de posibilidades que tienen los gobiernos locales en EE.UU. para impulsar rehabilitaciones singulares de edificios o proyectos más ambiciosos e integrales de renovación urbana. El primer bloque contiene técnicas jurídicas extraídas del poder local clásico de zonificación y el segundo, otro tipo de mecanismos de carácter más económico o los que proporcionan apoyo administrativo a los inversores.

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La renovación urbana en EE.UU. (I)

De Sofía Simou

UrbanRenewal042867Una exposición sistemática pero a la vez sintética de las técnicas de renovación urbana más empleadas en Estados Unidos debe empezar por un breve comentario sobre las competencias de los gobiernos locales en materia urbanística en general.

En un contexto político y constitucional como el norteamericano, donde conviven tres niveles de gobierno -la Federación, los Estados y los gobiernos locales-, la adopción y aplicación de las normas (law en sentido material) que regulan el uso del suelo recaen, principalmente, sobre los últimos. El papel del gobierno federal en la regulación de los usos del suelo está estrictamente limitado por la Constitución de los EE.UU. La característica central de la distribución constitucional de competencias se resume en que los Estados disfrutan de todos los poderes no delegados por la Constitución al gobierno federal. Como la regulación de los usos del suelo no está entre los poderes otorgados por el constituyente al gobierno federal, este último no puede intervenir en esta materia al menos que se ampare en el título competencial que recoge la cláusula del comercio interestatal (art. I §8 y art. VI de la USC). Por otra parte, los Estados poseen el poder de policía para proteger y promover el objetivo del bienestar público en el cual se incluyen, naturalmente, la salud pública y la seguridad. Al considerar que el uso del suelo también recae bajo el alcance de estos objetivos públicos legítimos un gobierno estatal en EE.UU. puede promulgar las leyes, reglamentos o códigos necesarios para ordenar y controlar el uso del suelo. De lo anterior, sin embargo, se desprende que la legitimidad de la regulación estatal y local de los usos del suelo en el sistema norteamericano se predica en relación con su contribución en el bienestar general definido por objetivos sociales como la salud pública y la seguridad. Eso significa que las regulaciones del uso del suelo y, por extensión, de renovación urbana que buscan exclusivamente el aumento del valor del suelo no tienen legitimidad autónoma y deben ir siempre acompañadas por argumentos que muestran los efectos positivos –aunque sean indirectos- de los proyectos en el bienestar público.

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¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales?

Por Silvia Díez Sastre

Good question.jpgRecientemente la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es órgano jurisdiccional a efectos de plantear cuestión prejudicial conforme al artículo 267 TFUE. El Tribunal procede, por tanto, a resolver la cuestión prejudicial que interpuso dicho órgano nacional en el marco de un recurso especial en materia de contratación pública. El litigio enfrentaba al Consorci Sanitari del Maresme y la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Al Tribunal de recursos contractuales catalán le preocupaba determinar, fundamentalmente, si una Administración pública puede considerarse operador económico y, por tanto, si se le puede negar el acceso al sistema de clasificación empresarial. De forma resumida puede decirse que el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera pregunta y de forma negativa a la segunda. Posteriormente, remite al órgano nacional la responsabilidad de resolver el asunto concreto. Pero más allá de esa respuesta, parece trascendente analizar por qué el Tribunal de Justicia entiende que un órgano nacional de recursos contractuales es órgano jurisdiccional a la luz del Derecho de la Unión Europea y puede plantear una cuestión prejudicial. Veamos cuáles son los argumentos que ha utilizado para justificar esta decisión.

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El dilema del PSOE visto por un joven apparatchik

Por Dámaso Riaño

Apparatchik¿Tiene sentido aceptar la oferta de gobierno de Podemos? Me pregunto cómo intenta responder a esta pregunta un joven cuadro del PSOE.

Primera hipótesis: Podemos como Partido de los Jóvenes Socialdemócratas. El PSOE se arriesgaría a ser sustituido.

Si el proyecto político de Podemos es esencialmente equivalente al socialista (en una línea: aprovechar los resquicios del sistema para impulsar políticas de corrección de la desigualdad), y la diferencia entre uno y otro es sólo estética y de lenguaje, el problema para el PSOE es grave: ¿cómo compartir gobierno con alguien que aspira a sustituirte, que compite por tu espacio con tu misma oferta? O dicho de forma más precisa: ¿cómo darle a Podemos lo único que no tiene, experiencia de gobierno, cuando existen ya buenos motivos por los que el partido morado podría ganar ese hipotético duelo entre socialdemócratas? No lo olvidemos: sus dirigentes son más listos, más jóvenes, más mediáticos y no tienen mancha de corrupción; no tienen nada que perder (qué mejor amuleto) y además tienen ventaja biológica (los votantes de Podemos también son más jóvenes que los del PSOE, por lo que la sustitución en parte es cuestión de tiempo).

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“La Universidad cose para afuera de casa”

Por Julia Ortega

Coser para fuera¿Puede infringir la actividad profesional desarrollada por profesores universitarios las normas de defensa de la competencia?

La realización de una actividad profesional remunerada de carácter científico, técnico o cultural por parte de los profesores de universidad encuentra cobertura para su desarrollo conforme a la legalidad en el vigente art. 83 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, orgánica de Universidades (LOU) y en las disposiciones que lo desarrollan. Sin embargo no es descartable que tal actividad produzca restricciones a la libre competencia. Por dos razones: (i) por la situación de ventaja económica que resulta de que podamos ofrecer determinados servicios valiéndonos de los valores universitarios y (ii) porque en bastantes casos se realiza desde una posición exenta de riesgo económico, al desarrollarse con los medios y recursos de una estructura organizativa financiada con fondos públicos. Por ello, no está demás preguntarse si es suficiente el amparo legal que proporciona la LOU para garantizar el respeto al Derecho de la Competencia.

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Bases para la formación de un gobierno modesto

Por Dámaso Riaño

Second-first-placeEl 20D ha provocado un resultado difícil de gestionar porque no ha producido ninguna mayoría evidente. Así, parece inevitable la convocatoria de unas nuevas elecciones, a las que en principio se presentarían los mismos candidatos y propuestas. Del lado de la oferta serán pues unas elecciones repetidas. ¿Y del de la demanda? Salvo que queramos prolongar la agonía con unos resultados también repetidos, en esas elecciones nos veremos obligados a votar de una forma distinta.

El 20D había mucha incertidumbre sobre qué votarían los demás. Por eso, actuamos como si fuéramos el único votante y nuestra papeleta indicó quién querríamos realmente que gobernara, nuestra primera preferencia. Ahora conocemos cuál es la correlación de fuerzas aproximada (a falta sólo de las posibles sinergias Podemos-IU) y sabemos que la suma de nuestras primeras preferencias no ha hecho posible un gobierno. Por ello, lo único que nos cabe es votar distinto: pensando no en qué partido nos parece el mejor, sino en cuál de las opciones con posibilidades de gobierno estaríamos dispuestos a aceptar. Dicho claramente: una vez fracasadas las primeras preferencias de todos, tendremos que votar pensando en las segundas (como ocurre por cierto en los sistemas electoras a dos vueltas, y casi todos los días en nuestra vida; nada muy exótico).

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Don’t judge a book by its cover: sobre instrumentos financieros híbridos y doble no-imposición

Por Félix Daniel Martínez

boycottstarbucksNegarlo sería una temeridad. El desarrollo económico y normativo de las últimas décadas, así como la integración de las economías nacionales, han permitido que determinadas empresas multinacionales hayan reducido o anulado su factura tributaria a través del diseño de múltiples y variopintas estructuras comerciales y de inversión. Asimismo, el cómo y el cuánto pagan hoy en día las compañías multinacionales parece haber superado la barrera de lo esotérico para trasladarse al dominio público, un hecho que, por otra parte, debe celebrarse.

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