¿De verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?

Por Diego Marín-Barnuevo

24082717-quot-el-due-o-anterior-se-rompi-la-correa---quiero-decir-contrato-de-arrendamiento-quotEn los últimos días hemos sabido que algunas Comunidades Autónomas han incluido en los planes de lucha contra el fraude la persecución de los inquilinos que no pagan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO). Ante dicha noticia, la primera reacción de mucha gente ha sido preguntar: pero, ¿de verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?, ¿de verdad existe una manifestación de capacidad económica por el hecho de alquilar una vivienda?

Casi todo el mundo sabe que el ITPO somete a gravamen “las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos”, pero mucha gente ignora que también integra el hecho imponible del impuesto “la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos…” (art. 7 Real Decreto Legislativo 1/1993). Resulta por tanto innegable que existe un impuesto que grava los arrendamientos, cuyo sujeto pasivo es el arrendatario (art. 8) y de cuyo pago es responsable subsidiario el arrendador “si hubiera percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario la justificación de pago del impuesto” (art. 9).

Para la cuantificación del impuesto “servirá de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el período de duración del contrato” (art. 10) y se aplicará sobre dicha magnitud la siguiente escala:

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Ello significa que el arrendatario de un apartamento que paga 600€/mes tendrá que pagar un impuesto de 30,77€ por cada año de vigencia del contrato. De los datos contenidos en la tabla, podríamos concluir que el tipo de gravamen se sitúa entre el 0’4% y el 0’5%.

Una vez reconocida su existencia, tendría sentido conocer el momento de su aprobación para identificar la “capacidad económica invocada” en su tramitación parlamentaria.

En el momento actual, la regulación del Impuesto se contiene en el Real Decreto-Legislativo 1/1993, cuyo texto refundido recoge  los preceptos de otro texto refundido, el contenido en el Real Decreto Legislativo 3.050/1980, que a su vez remite a la Ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 964, cuyos artículos 144 y ss. regulaban dicho impuesto y establecían exactamente las mismas tarifas reproducidas en el vigente Texto Refundido.

Por tanto, ya sabemos que la ley reguladora es preconstitucional. Pero si seguimos indagando en los antecedentes llegamos hasta la “Ley de los impuestos reales y sobre transmisiones de bienes”, de 11 de marzo de 1932, que ya sometía a tributación “la constitución de arrendamientos de bienes, derechos y aprovechamientos de todas clases…” (art. 2.XIV), lo que supuso una destacada novedad respecto del régimen anterior que “sólo gravaba los contratos de arrendamiento que constasen en escritura pública”.

Se trata, pues, de un impuesto exactamente igual al aprobado en tiempos de la Segunda República, lo que nos remite a un sistema tributario anticuado en que los recursos tributarios eran esencialmente de base inmobiliaria. En ese contexto era comprensible que se exigiera el pago de un impuesto de esta naturaleza, que conllevaba una tributación del 0’6% y se pagaba mediante efectos timbrados. Estos antecedentes nos permiten comprender por qué la mayoría de los contratos de arrendamiento del siglo pasado estaban documentados en un impreso que vendían en los estancos (como el que aparece en la imagen) en el que se pegaban “las pólizas” (efectos timbrados) que acreditaban el pago del impuesto.

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Pero la reforma tributaria iniciada con la Ley 50/1977, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, transformó nuestro sistema tributario para hacerlo gravitar sobre la renta y el consumo de los sujetos pasivos. Y la posterior aprobación de la Constitución en 1978 estableció el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos “de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad”.

En ese nuevo contexto jurídico, lo lógico hubiera sido la desaparición de ese impuesto de nuestro sistema tributario, pero lo cierto es que el legislador no tuvo la diligencia debida para derogar un impuesto difícilmente conciliable con el principio de capacidad económica. Ello no constituyó un problema  real, porque las Administraciones Públicas debieron considerar que este tributo tenía mal encaje en el modernizado sistema tributario y en los nuevo modelos de gestión tributaria y, por ése u otros motivos, se despreocuparon del cumplimiento de esta obligación tributaria.

A esa desidia administrativa de los últimos 30 años se añadió la generalización del uso del ordenador en ese mismo período, lo que llevó a muchos arrendadores a redactar sus propios contratos de arrendamiento y a considerar desventajoso utilizar el formulario impreso vendido en los estancos con el correspondiente “efecto timbrado”.

Todas esas circunstancias han propiciado la inaplicación del tributo en las últimas décadas, lo que constituye una consecuencia lógica dado el nuevo marco jurídico constitucional. Pero esa lógica jurídica no ha tenido la correspondiente adecuación legal, por lo que resulta necesaria una actuación del legislador (autonómico o estatal, dado que actualmente es un impuesto cedido) para evitar que los arrendatarios de vivienda tengan que pagar un impuesto totalmente disociado del principio de capacidad económica.

Sólo quedaría una última cuestión por plantear: si sería posible que la Administración sancionara a los inquilinos que no han pagado el impuesto. En principio, el incumplimiento de la obligación tributaria está tipificado como infracción y la eventual sanción dependería de la valoración del ánimo subjetivo del injusto. Y a tal efecto sería de especial relevancia la doctrina de la Verwirkung, defendida por RIEZLER, según la cual resultan inadmisibles las actuaciones en contradicción con la propia conducta (Unzulässigkeit des Widerspruch mit dem eigenen Verhalten). Es cierto que ya DIÉZ-PICAZO cuestionaba que se tratara de un principio general del Derecho y, además, parece obvio que su traslación al ámbito del Derecho Tributario resultaría todavía más difícil por la relevancia en este ámbito del principio de legalidad. Pero, en todo caso, entendemos que dicha doctrina sí sería decisiva para rechazar la existencia de culpa en el contribuyente que dejó de pagar un impuesto que la Administración dejó de exigir hace ya muchos años.

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1 comentario

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Una respuesta a “¿De verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?

  1. maria jose monzon

    Muy bueno el artículo. Es sorpredente que nuestro sisitema tributario sea tan complejo que provoque que figuras impositivas como esta nos resulten tan desconocidas, pero que, en cualquier momento, puedan ser objeo de una campaña de lucha contra el fraude.

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