La eterna polémica en torno al Impuesto sobre el Patrimonio (II)

impuesto patrimonio-iiPor César Martínez

En mi anterior entrada puse en cuestión sucintamente los dos argumentos aducidos en el Informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español a favor de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que se pueden resumir en lo siguiente: el tributo no resulta adecuado para conseguir una mejor distribución de la riqueza, en tanto que existen grandes posibilidades de elusión fiscal y, por otro lado, la cesión de la competencia normativa a las Comunidades Autónomas ha deparado grandes diferencias que erosionan la equidad horizontal.

Ahora abordaré los otros dos motivos que en el citado documento se esgrimieron para justificar la derogación del IP: la recaudación obtenida gracias a este impuesto es muy poco relevante y, por último, el tributo acaba recayendo fundamentalmente sobre los bienes inmuebles, lo que le convierte en un «Impuesto sobre Bienes Inmuebles bis» (sic).

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por la recaudación del IP en España antes de su supresión, se ha de apuntar que los ingresos se triplicaron de 1997-2008, pasando de 760 millones de euros en 1997 a 2413 millones de euros en 2008. La evolución fue de progresión constante, si bien, como puede apreciarse en la Figura 1, a partir de 2005 se disparó la recaudación obtenida por este impuesto, aumentando un 50% en solo dos años. Tras la reintroducción del impuesto, la recaudación disminuyó significativamente a causa de la elevación del mínimo exento, así como de la pervivencia de la bonificación del 100% en la Comunidad de Madrid. Con todo, en 2013 se recaudaron 929 millones de euros, que se incrementarían en aproximadamente 300 millones más si Madrid exigiese el tributo[1].

Figura 1. Recaudación total obtenida por el IP (1997-2008 y 2012-2013)

 Figura 1 entrada blog

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en millones de euros.

La recaudación por el IP supone en torno a 1.000 millones de euros anuales, por lo que, tal y como expuso el propio legislador para justificar su prórroga al ejercicio 2014, resulta muy adecuado mantener su exigencia “al objeto de contribuir a la reducción del déficit público”. No en vano, si a lo anterior sumásemos las cantidades no recaudadas como consecuencia de la bonificación madrileña, obtendríamos una recaudación cercana al presupuesto anual total del Ministerio de Justicia para el año 2015 (1.475,56 millones de euros).

En realidad, el IP es un tributo que puede parecer poco importante en términos macroeconómicos, mientras que, si nos fijamos exclusivamente en la cuota tributaria de cada contribuyente, resulta ciertamente relevante. En efecto, contrariamente a lo que a veces se ha afirmado, el IP ha sido históricamente un tributo que solo ha satisfecho una parte relativamente pequeña de la población. Así, en consonancia con la recaudación obtenida, desde 1997 se produjo una tendencia ascendente aunque irregular en el número de declarantes del IP, tal y como puede comprobarse en la Figura 2. Tras las modificaciones que acompañaron a su reintroducción, el descenso de contribuyentes fue vertiginoso, de suerte que en 2011 solo se produjeron 130.216 liquidaciones (últimos datos disponibles).

Si en términos absolutos nos encontramos ante un número de declarantes bajo, la cuestión se acentúa más en términos relativos. Esto es, si comparamos el número de declarantes del IRPF correspondiente al ejercicio 2011 con el correspondiente número de declarantes del IP la diferencia es muy considerable: 19.087.266 frente a 130.216, o sea, una relación de 146 a 1. Este relativamente muy bajo número de declarantes desarma la afirmación, en ocasiones sostenida, de que el IP es un impuesto pagado por la clase media (salvo que se pretenda que en España la clase media está integrada exclusivamente por algo más de cien mil personas). De hecho, en comparación con el IRPF, puede afirmarse que el IP ha sido un impuesto pagado por una minoría muy pequeña. Si se prefiere, en sentido contrario, se puede afirmar que la inmensa mayoría de contribuyentes del IRPF estaban en 2011 exentos del gravamen del IP.

Figura 2 Evolución del número de declarantes IP (1997-2008 y 2011)

 Figura 2 entrada blog

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El IP es un tributo poco significativo en términos agregados pero de notable importancia si se consideran individualmente cada uno de los contribuyentes. En efecto, si atendemos a los datos que reproducimos en el Cuadro 1, extraídos directamente de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, pronto se advierte que el 61% de las declaraciones presentaban una base imponible entre los 300.000 y el millón y medio de euros, si bien, en términos recaudatorios, apenas suponían el 9,44% de los ingresos totales, toda vez que su cuota media ascendía a 988 euros. Sin embargo, en el extremo opuesto, aquellas liquidaciones en las que constaban bases imponibles superiores a los 30 millones de euros, que eran escasamente el 0,17% del total, suponían más del 11% de la recaudación total, en tanto que presentaban una nada desdeñable cuota media de 503.413 euros, tal y como puede observarse en la Figura 3.

En efecto, como consecuencia de su carácter progresivo, en el IP aumenta exponencialmente la cuota a medida que crece la base imponible, de suerte que para los patrimonios más altos las cuotas correspondientes son ciertamente relevantes, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante contribuyentes que son personas físicas. A mi juicio, esta es una de las razones que explican la contumaz petición de supresión de este tributo. Esto es, toda vez que este impuesto implica el pago de cantidades muy importantes a sujetos con una muy abultada capacidad económica (patrimonios superiores a los 300 millones de euros), resulta lógico que estas pocas personas –a las que, evidentemente, se les puede presumir una importante capacidad de influencia sobre las elites políticas- traten de lograr su abolición.

Cuadro 1. Cuota IP 2011

Cuadro 1 entrada blog

Figura 3. Cuota tributaria media IP 2011

Figura 3 entrada blog

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la AEAT

El cuarto argumento que se presenta en el Informe se refiere a la limitación efectiva del impuesto para gravar el conjunto de bienes y derechos de los declarantes. En efecto, a juicio de los expertos, la experiencia demuestra que el IP acaba “recayendo principal sino únicamente sobre la propiedad inmobiliaria convirtiéndose así en un Impuesto sobre Bienes Inmuebles bis” (sic). Resulta ciertamente difícil compartir el criterio de los expertos por dos motivos principales: el IP grava mayoritariamente bienes muebles y, por otro, la inmensa mayoría de los bienes inmuebles situados en España no están sometidos al IP.

En cuanto a lo primero, como se ilustra en el Cuadro 2, de conformidad con los datos suministrados por la Agencia Tributaria, solo el 16,91% del patrimonio declarado en 2011 se correspondía con bienes inmuebles (a los que, a lo sumo, podría añadirse el 2,04% de los que se encuentran afectos a actividades económicas), mientras que el 76,27% del total se trataba de capital mobiliario. Atendiendo a estas cifras oficiales, no cabe afirmar que el IP sea un tributo que grave eminentemente la propiedad inmobiliaria, en tanto que más de tres cuartas partes del patrimonio total gravado lo representan bienes muebles.

Cuadro 2 Distribución del patrimonio en el IP 2011

Cuadro 2 entrada blog (2)

 Fuente: AEAT

En lo que se refiere a la afirmación de que el IP se constituye en un “Impuesto sobre Bienes Inmuebles bis”, tampoco puedo compartirla. En efecto, la diferencia entre el hecho imponible del IBI y del IP es notoria, en tanto que uno grava la existencia de determinados derechos reales sobre la propiedad inmobiliaria, mientras que el otro grava la posesión de patrimonios, integrados por cualesquiera bienes y derechos, que superen un determinado mínimo exento. Es evidente que no hay una identidad subjetiva –lo que no excluye, claro está, que vaya a haber coincidencias– entre los contribuyentes por IBI y por IP, salvo que se pretenda que el IBI en España solo lo satisficieron 130.216 contribuyentes en 2011. Tampoco existe identidad en el objeto sometido a gravamen, puesto que la mayoría de bienes inmuebles situados en España no se verán afectados por el IP, toda vez que sus propietarios (o cualesquiera otros titulares de derechos reales) no atesoran el patrimonio suficiente como para ser contribuyentes del IP.

En definitiva, como he expuesto en estas dos entradas, no me parecen atendibles los argumentos aducidos en el Informe a favor de la supresión del IP, sino que defiendo su existencia porque puede ser un instrumento adecuado para una redistribución de la riqueza y porque, en un contexto de consolidación de las cuentas públicas, no parece sensato renunciar a una recaudación superior a los 1.000 millones de euros anuales.

[1] Así lo afirmó el Ministro Cristóbal Montoro en una rueda de prensa que tuvo lugar tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 18 de diciembre de 2013, tal y como se informa en http://www.europapress.es/extremadura/noticia-comunidades-quedaran-integramente-1082-millones-recaudaran-patrimonio-2013-20131218222123.html

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1 comentario

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Una respuesta a “La eterna polémica en torno al Impuesto sobre el Patrimonio (II)

  1. La eterna polémica, muy cierto…

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