La crisis financiera griega como crisis política y constitucional

greek_financial_crisis__svitalskybrosPor Sofía Simou

Los datos macroeconómicos que reflejan la situación económica griega son por todos conocidos [deuda pública: 177% del PIB (2014); déficit público: 3,5% (2014) – 15,6% (2009); pérdida de PIB y de capacidad económica de los ciudadanos durante la crisis (2008-2014): 25%; paro 26,1% (2014)].

Las razones histórico-culturales y político-económicas que explican la crisis también han sido con frecuencia recalcadas por los medios de comunicación o por la comunidad académica. A modo de ejemplo pueden citarse: la evolución de las estructuras e instituciones del Estado griego en un contexto de fuerte influencia otomana y napoleónica; la fuerte centralización del poder en torno al Estado; la enorme dimensión del aparato administrativo y militar; el papel trascendente de las relaciones clientelares en la adquisición de privilegios públicos; el gasto descontrolado del Estado desde los años ochenta; la ineficiente recaudación fiscal y el deficiente o poco equitativo diseño del sistema fiscal; la mala distribución de los empleados públicos en los distintos sectores de la actividad administrativa; los problemas de competitividad en el mercado, etc[1].

Sin embargo, el acento no se ha puesto de manera suficiente -al menos hasta ahora- en el hecho de que la crisis financiera griega es primordialmente una crisis del Estado de Derecho y una grave crisis política, y en concreto, del sistema democrático. El cumplimiento de la  Constitución griega y de las normas nacionales ya no parece un factor determinante del buen funcionamiento de las instituciones públicas. La gobernanza del país se realiza a través de la toma de decisiones cuyo contenido se determina fuera de los procedimientos constitucionales previstos y, para ser exactos, fuera del país. En particular, las leyes más importantes, que restringen derechos adquiridos o imponen serias obligaciones a los ciudadanos, no son producto de consulta y debate en el Parlamento. Se aprueban a través de procedimientos abreviados que excluyen cualquier participación de los representantes de la voluntad popular en la formación del contenido de las decisiones –y, a menudo, con mayorías dudosas-. Los proyectos normativos se insertan para su votación en el Parlamento bajo la amenaza del colapso socio-económico del país. Al mismo tiempo, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los acreedores en las sedes internacionales (vid. Memorándum y Acuerdos con la Troika/Instituciones) se transforman en reglas y Derecho interno. Aunque los Memorándum contienen, fundamentalmente, los objetivos que debe cumplir la política legislativa de la República griega, marcan de forma muy clara la mutación/transformación que se produjo en la función legislativa. En otras palabras, a través de estos textos normativos se han introducido al ordenamiento jurídico interno los principios y criterios básicos que han determinado el contenido de toda la legislación adoptada desde entonces y que ha tenido que ajustarse a sus direcciones.

De otro lado, la Administración actúa en un entorno legislativo sujeto a un cambio constante, radical y rápido. A menudo se ve obligada a decidir con criterios de oportunidad y no de legalidad. Al poder judicial se le pide que se pronuncie sobre cuestiones que tienen naturaleza fundamentalmente política. Los jueces deben hacer frente a la invocación constante del “interés público” y del criterio de “urgencia y excepción” de la situación, que justifican la restricción, incluso, de las libertades civiles más clásicas. La crisis ha conducido, así, a una clara devaluación en la protección de los derechos fundamentales [por ejemplo, del derecho de propiedad por la imposición inconstitucional de varios tributos –Xaratsi (tributo asociado a la factura de luz), Enfia etc-.].

De esta situación surge el siguiente dilema: los cambios que tienen lugar en el país ¿llevan inexorablemente al colapso de la estructura constitucional tal y como se conoce hasta ahora y a la necesidad de sustituirlo por otros métodos de gobernanza? O, ¿los cambios son muestra de una crisis cuyos ejemplos han aparecido a menudo en la historia de la democracia representativa? Si es así, y los cambios son una muestra más de crisis ordinaria, ¿serían suficientes reformas menores como una reforma constitucional para restablecer la credibilidad de las instituciones y garantizar el ejercicio del  poder constitucionalmente delimitado?

Parece, no obstante, que la principal cuestión que debe afrontar el Derecho constitucional en Grecia no es tanto la pérdida de la soberanía estatal sino la tendencia al debilitamiento de la democracia representativa. La democracia representativa se basa en la participación de los electos en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, cualquier sistema que excluya la opción de que los representantes de la voluntad popular se involucren en los procesos de toma de decisiones y de formación de normas elimina los elementos sustanciales de la noción de democracia. Es más, cualquier sistema que permite o incluso tolera que el contenido de sus leyes se forme sobre la base de la conveniencia u oportunidad del mercado o de sus dirigentes deja de ser democrático. Los acontecimientos de los últimos años ponen a prueba el marco constitucional vigente que, por el procedimiento estricto de reforma que la misma Constitución prevé, no ha podido ser reformado desde 2008. Además, indican que la crisis financiera y la crisis de la deuda del país se han convertido en una grave crisis política y de la democracia. Desafortunadamente, la legitimidad democrática se ha ido desvaneciendo progresivamente para satisfacer la viabilidad económica de todas las medidas impuestas al pueblo heleno.

Sofía Simou

Profesora Ayudante en el área de Derecho administrativo

UAM

[1] Referencia bibliográfica: TIRADO MARTÍ I. y MARTÍN CORTÉS I. (Dirs.), Grecia: aspectos políticos y jurídico-económicos de la crisis, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015.

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