La eterna polémica en torno al Impuesto sobre el Patrimoio (I)

Por César Martínezimpuesto-patrimonio

Los súbitos cambios y las manifiestas contradicciones son, por desgracia, ciertamente habituales en el ámbito tributario. El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) no es una excepción a este errático comportamiento sino más bien uno de sus ejemplos paradigmáticos. En efecto, como se verá a continuación, se han sucedido en nuestro país –sobre todo en los últimos años– reformas legislativas destinadas a derogar dicho impuesto, para reestablecerlo posteriormente y, por fin, volver a decidir su supresión, al mismo tiempo que se suceden las prórrogas anuales de su vigencia.

En efecto, a finales de 2008 se aprobó la Ley 4/2008 por la que se suprimió de facto el IP. Sin embargo, el mismo Gobierno socialista que promovió su derogación dispuso, a finales de 2011, la reintroducción temporal de este impuesto para los ejercicios 2011 y 2012. Por su parte, el actual Gobierno popular –aparentemente contrario al IP– ha prorrogado año tras año la vigencia de este tributo, de forma que, por el momento, el gravamen desaparecerá a partir del ejercicio de 2016, salvo que se proceda a la enésima prórroga… Antes de proseguir conviene aclarar que el IP está vigente en toda España, salvo en la Comunidad de Madrid, única región –territorios forales incluidos– que ha decidido mantener la bonificación del 100% (aquí ya expuse la valoración que me merecía esta decisión política).

Con ocasión de la derogación fáctica del IP en 2008, publiqué un trabajo en el que defendía razonadamente la necesidad de este tributo. Ahora trataré de refutar telegráficamente los argumentos a favor de su supresión que se contienen en el Informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español.

En dicho informe se ha propuesto la derogación del IP por cuatro motivos: no resulta adecuado para conseguir una mejor distribución de la riqueza, en tanto que existen grandes posibilidades de elusión fiscal; la cesión de la competencia normativa a las Comunidades Autónomas ha deparado grandes diferencias que erosionan la equidad horizontal; la recaudación obtenida es muy poco relevante y, por último, el tributo acaba recayendo fundamentalmente sobre los bienes inmuebles, lo que le convierte en un «Impuesto sobre Bienes Inmuebles bis» (sic). En esta primera entrada, prestaré atención a los dos primeros argumentos, en la próxima a los dos siguientes.

En cuanto al primer argumento, parece que el reproche no se refería tanto al efecto redistributivo del tributo en sí (empíricamente demostrado en Calonge y Manresa 2001, págs. 225-227) cuanto a la distorsión que genera el hecho de que muchos contribuyentes consigan eludir el pago del mismo.

A nadie se le escapa que el fenómeno del fraude fiscal (en su acepción amplia de incumplimiento de las obligaciones tributarias) es uno de los problemas más importantes que aquejan a nuestro país. Sin embargo, hay dos aspectos en el argumento del informe que no me resultan convincentes. En primer lugar, no conozco –lo cual no quiere decir evidentemente que no exista– ningún estudio empírico que demuestre que el fraude es más elevado en el IP que en el resto de tributos. Por el contrario, entiendo que existen ciertos aspectos que pueden obstaculizar la elusión de este tributo. El más evidente se refiere a la obligación real de contribuir por los bienes inmuebles que radiquen en nuestro país. En este caso, no hay peligro de que estos bienes escapen del control de Hacienda ya que, por su propia definición, estos bienes no son susceptibles de ser trasladados. Asimismo, en cuanto a la obligación personal, se ha de tener presente que esta modalidad se refiere a todos los bienes, estén donde estén, poseídos por los residentes en España. Esto es, a pesar de que en los hechos puedan existir problemas con el intercambio de información, los residentes en España están tan obligados a contribuir por los bienes que estén en territorio nacional, como por los que se encuentren en el extranjero. En este mismo sentido, tanto la generalización del intercambio automático de información entre Estados como la nueva obligación de declaración de bienes en el extranjero pueden resultar muy útiles a los efectos de obstaculizar la elusión del pago del IP. De igual modo, la existencia de contribuyentes que han satisfecho en el pasado cuotas tributarias muy altas contrasta con esa pretendida imagen de tributo fácilmente eludible. Esto es, si ha sido tan fácil librarse del pago de este tributo, ¿cómo se explica que en 2006, antes de las reformas, 1.427 contribuyentes pagasen una cuota media de 124.158 euros?

En segundo lugar, entiendo que incluso en el hipotético supuesto de que se constatase un fraude generalizado en el cumplimiento del IP, esto no sería un argumento válido para suprimirlo sino, en su caso, para modificar bien su regulación sustantiva, bien los procedimientos de comprobación e inspección encaminados a garantizar su efectivo cumplimiento. En efecto, desde un punto de vista lógico, difícilmente puede sostenerse que del incumplimiento de una norma ha de seguirse necesariamente la derogación de la misma. Así, por ejemplo, no parece aceptable proponer la supresión de los delitos contra el patrimonio por más que, como sucede en los hechos, la mayoría de ellos queden impunes.

En cuanto al segundo argumento, habitualmente se ha sostenido que el IP trata de conseguir una mayor equidad, ya que persigue dar un tratamiento igual a los que se encuentran en la misma situación (equidad horizontal) y desigual a los que están en situaciones diversas (equidad vertical). Sin embargo, la referencia a la equidad horizontal que se hace en el Informe tiene un enfoque distinto, en el sentido de que se ponen de manifiesto las diferencias en la tributación que se han generado como consecuencia del uso efectivo de las competencias normativas cedidas a las Comunidades Autónomas. Esto es, en la actualidad un murciano con un patrimonio valorado en un millón de euros ha de satisfacer el IP, mientras que un madrileño con idénticos bienes no tiene que pagar cantidad alguna por este concepto. En realidad, en el Informe no se está haciendo reproche alguno al IP sino al hecho de que cada región haya adoptado decisiones distintas al respecto. Las diferencias, que en el Informe se reputan contrarias a la equidad horizontal, serían consecuencia del sistema autonómico de financiación pero no del IP en sí. No en vano, este reproche habría que hacerlo igualmente, entre otros, al IRPF, ISD e ITPAJD, tributos en los que las diferencias autonómicas son más importantes que las existentes en el IP.

Cuestión distinta es que legítimamente, desde un plano valorativo, se entienda que sería deseable una cierta aproximación entre las regulaciones autonómicas, a fin de que las diferencias entre las regiones no fueran excesivas. Así, a fin de asegurar una imposición mínima en toda España bastaría la reforma –que se aprobaría mediante ley ordinaria– del art. 47 de la Ley 22/2009, toda vez que el art. 19 LOFCA dispone que la cesión de competencias normativas a las CCAA se realizará “en los términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos”.

Este segundo argumento, por tanto, utiliza el IP para cuestionar soterradamente el reparto del poder tributario en nuestro país. No obstante, es evidente que se trata de dos debates distintos que no han de confundirse.

Referencia bibliográfica: Calonge, S. y Manresa, A. (2001), “La incidencia impositiva y la redistribución de la renta en España: un análisis empírico”, Papeles de Economía Española, 88, 216-29.

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