Daheim statt Heim: en casa en lugar de en la residencia

Por José María Rodríguez de Santiago

Señora en casa.jpgLa garantía de la accesibilidad universal a la vivienda para las personas mayores de 70 años es, seguramente, una de las cuestiones más relevantes que al Derecho le plantea la realidad de unas ciudades cuya población envejece. A la persona mayor que sube y baja escaleras con dificultad o, incluso, necesita una silla de ruedas, la falta de instalaciones que garanticen la accesibilidad (rampas, ascensor u otros mecanismos elevadores) le puede poner en la tesitura de tener que optar entre vivir en su casa en una situación (más o menos acentuada) de enclaustramiento o irse a una residencia para mayores. Debe tenerse en cuenta, además, que no es infrecuente que las personas mayores vivan precisamente en las edificaciones más antiguas y, por tanto, peor dotadas desde la perspectiva que ahora nos interesa.

Puede pensarse que muchas personas mayores se enfrentan a esa opción forzosa entre la residencia o el encierro en una vivienda propia difícilmente accesible. Y es una constatación fáctica de la experiencia cotidiana que la mayoría de esas personas, si en su mano estuviera una verdadera posibilidad de elegir, preferirían vivir en su casa. Para conocer la realidad del problema del que se está hablando, por ejemplo, en el municipio de Madrid puede echarse un vistazo a este informe (pp. 43-46 y 83-84) elaborado por el Ayuntamiento.

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Rápido y gráfico. Riqueza/ingresos (1)

Por Borja Barragué

Este breve post anticipa algunos de los resultados de un trabajo conjunto que César y yo tenemos comprometido con la Fundación Alternativas.

Hace ya más de cien años, Vilfredo Pareto observó que la distribución de la riqueza sigue una ley de potencia (la famosa distribución paretiana), según la cual aproximadamente el 20% de la población posee aproximadamente el 80% de la propiedad de un país, una regularidad empírica que, según Pareto, se cumplía para toda sociedad y en cualquier época y país. Quizá por ello el análisis económico convencional ha venido asumiendo que la relación entre la riqueza (privada) agregada de un país y su producción nacional (PIB) es constante a lo largo del tiempo. Pero, ¿estamos seguros de que esto es así? El gráfico muestra la evolución de la ratio riqueza/producto nacional, para varias de las principales economías de la OCDE (1970-2013).

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Gráfico 1. Ratio riqueza privada-ingresos en la OCDE, 1970-2013

Lo que muestra el gráfico (construido a partir de los datos de la World Top Income Database) es que la relación riqueza privada/PIB de un país no es constante a lo largo del tiempo (lo que es coherente con los resultados de Piketty y Zucman 2014). Para el periodo considerado y el conjunto de países seleccionados, la riqueza privada ha pasado de equivaler a entre dos y tres veces el PIB anual, a ser el equivalente de entre cuatro y 7 años de producción nacional. Esto es importante al menos por dos razones. Primero, porque sea el país que sea y para la época que sea, la riqueza está más desigualmente distribuida que los ingresos. Y segundo, porque uno de los objetivos del análisis económico es evaluar el bienestar de una sociedad, y esto depende no sólo de cómo estén distribuidos los flujos (PIB), sino también de cómo esté distribuido el stock (riqueza).

Pero, ¿a qué se debe la creciente importancia de la riqueza (como % del PIB) en estas economías en las últimas cuatro décadas? El gráfico muestra la composición de la riqueza para las economías seleccionadas de la OCDE en dos puntos: el primer año –1970 para todos los países salvo España, que es 1987—  y el último de la serie –2012/3 para todos los países, salvo Francia (2010)—.

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Gráfico 2. Composición de la riqueza privada como % del PIB

Lo que muestra el gráfico que en los países anglosajones (Reino Unido y EEUU) los activos financieros tienen un mayor peso en el conjunto de la riqueza de los hogares (lo que está en la línea de lo que encuentran Philippon y Reshef), mientras que en la Europa continental ocurre lo contrario, siendo España el caso más extremo dentro de este segundo grupo. Dejaremos para una entrada posterior el análisis de lo que ocurrido con el valor de los activos no financieros en los últimos 50 años (y su descomposición en los distintos factores), pero, como spoiler, es posible que estemos en condiciones de anticipar un auténtico bombazo: sí, la vivienda tiene algo que ver en todo esto.

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Aglomeraciones, riqueza y mayores (I)

Por Borja Barragué

ElderlyUna ley conocida en la muy interesante literatura sobre ciudades es la llamada ley de Zipf, una regularidad empírica de acuerdo con la cual el tamaño de las ciudades seguiría una ley de potencia tal que la ciudad más grande de un país (Madrid: 3.150.000) tiene aproximadamente el doble de habitantes que la segunda más grande (Barcelona: 1.600.000), el triple que la tercera más poblada (Valencia: 790.000), etcétera. Gabaix muestra que si un conjunto de ciudades crece de forma aleatoria, su distribución seguirá de forma aproximada la ley de Zipf. Pero, ¿por qué crecen las ciudades? ¿Por qué debería importarnos? ¿Qué tienen que ver los mayores en todo esto?

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Remunicipalización: Esa es la cuestión…

Por Julia Ortega

Contexto europeo

Graf_Remunicip.jpgAsistimos a la moda de las remunicipalizaciones en Europa. Se puede decir que hay una tendencia en el nivel de los Gobiernos locales a asumir la gestión directa de los servicios públicos mediante la creación de empresas municipales. Salta a la vista la experiencia de numerosas ciudades, y no solamente europeas (por ejemplo, servicios de abastecimiento y depuración del agua.)

Tras la corriente privatizadora que se extendió por Europa en los años  80 y 90 del siglo pasado, al hilo de las liberalizaciones realizadas a nivel nacional en el marco del mercado interior europeo, y que afectó con ligera intensidad a los servicios públicos locales, el fenómeno contrario está en auge, por lo que respecta al nivel local (Pueden consultarse los datos que proporciona un Estudio de la Federación europea sindical de servicios públicos (EPSU), de 2013 encargado a la Universidad de Greenwich  de Londres y  realizado por el profesor Hall o el trabajo del profesor Bauer de la Universidad de Potsdam.

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¿De verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?

Por Diego Marín-Barnuevo

24082717-quot-el-due-o-anterior-se-rompi-la-correa---quiero-decir-contrato-de-arrendamiento-quotEn los últimos días hemos sabido que algunas Comunidades Autónomas han incluido en los planes de lucha contra el fraude la persecución de los inquilinos que no pagan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO). Ante dicha noticia, la primera reacción de mucha gente ha sido preguntar: pero, ¿de verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?, ¿de verdad existe una manifestación de capacidad económica por el hecho de alquilar una vivienda?

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La renovación urbana en EE.UU. (II)

De Sofía Simou

TIF.jpgHabiendo enfatizado en la parte anterior de esta exposición en el carácter público-privado, flexible y negociado de los procesos, a continuación se hará brevemente referencia a los dos grandes bloques de posibilidades que tienen los gobiernos locales en EE.UU. para impulsar rehabilitaciones singulares de edificios o proyectos más ambiciosos e integrales de renovación urbana. El primer bloque contiene técnicas jurídicas extraídas del poder local clásico de zonificación y el segundo, otro tipo de mecanismos de carácter más económico o los que proporcionan apoyo administrativo a los inversores.

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La renovación urbana en EE.UU. (I)

De Sofía Simou

UrbanRenewal042867Una exposición sistemática pero a la vez sintética de las técnicas de renovación urbana más empleadas en Estados Unidos debe empezar por un breve comentario sobre las competencias de los gobiernos locales en materia urbanística en general.

En un contexto político y constitucional como el norteamericano, donde conviven tres niveles de gobierno -la Federación, los Estados y los gobiernos locales-, la adopción y aplicación de las normas (law en sentido material) que regulan el uso del suelo recaen, principalmente, sobre los últimos. El papel del gobierno federal en la regulación de los usos del suelo está estrictamente limitado por la Constitución de los EE.UU. La característica central de la distribución constitucional de competencias se resume en que los Estados disfrutan de todos los poderes no delegados por la Constitución al gobierno federal. Como la regulación de los usos del suelo no está entre los poderes otorgados por el constituyente al gobierno federal, este último no puede intervenir en esta materia al menos que se ampare en el título competencial que recoge la cláusula del comercio interestatal (art. I §8 y art. VI de la USC). Por otra parte, los Estados poseen el poder de policía para proteger y promover el objetivo del bienestar público en el cual se incluyen, naturalmente, la salud pública y la seguridad. Al considerar que el uso del suelo también recae bajo el alcance de estos objetivos públicos legítimos un gobierno estatal en EE.UU. puede promulgar las leyes, reglamentos o códigos necesarios para ordenar y controlar el uso del suelo. De lo anterior, sin embargo, se desprende que la legitimidad de la regulación estatal y local de los usos del suelo en el sistema norteamericano se predica en relación con su contribución en el bienestar general definido por objetivos sociales como la salud pública y la seguridad. Eso significa que las regulaciones del uso del suelo y, por extensión, de renovación urbana que buscan exclusivamente el aumento del valor del suelo no tienen legitimidad autónoma y deben ir siempre acompañadas por argumentos que muestran los efectos positivos –aunque sean indirectos- de los proyectos en el bienestar público.

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