Bucle electoral y congelación política (España 2016 como experimento postdemocráctico)

Por Dámaso Riaño

ano_mariano-interior_frontalLa crisis en el sur de Europa ha planteado un problema de control social de la insatisfacción. Desde las instituciones no han llegado soluciones capaces de mejorar suficientemente la vida de quienes más recursos y expectativas han perdido estos años, y esta insuficiencia de la democracia ha generado varias reacciones. Quizás la más dominante es la frustración, muy extendida ya.

Frente a esta situación potencialmente explosiva se han ensayado distintas fórmulas. En Italia un gobierno técnico, tecnócrata: la solución Monti. En Grecia finalmente se intentó algo más audaz. Se permitiría gobernar al candidato elegido por los griegos pero no se le dejaría margen de maniobra. Un gobierno maniatado, impotente: la solución Tsipras. El increíble bloqueo político que vivimos desde finales de 2015 está convirtiendo a España (a veces parecería que deliberadamente) en el tubo de ensayo de una tercera receta: el gobierno burocrático, la solución Rajoy.

Lo llamamos gobierno en funciones, pero esa etiqueta aparentemente neutra esconde un gobierno de mera gestión, sin política, sin la ambición de incidir sobre la realidad sino sólo de aplicar las normas y coger el teléfono si hay un incendio grave o un atentado. El gobierno entendido simplemente como un peldaño más de la administración. Quién mejor que Rajoy y sus pretorianos de la Brigada Aranzadi para pilotar ese proyecto conservador y gris de congelación política, en el límite mismo de la democracia.

El parlamento también se empequeñece en este inquietante experimento. Sin iniciativa política ni fuerza para supervisar la acción de un gobierno de puros administradores, el Congreso queda convertido en un espacio de mera representación: una asamblea en la que sólo podemos aspirar a reconocer a gente que se nos parece, pero sin capacidad de transformar en políticas las ideas que creemos que compartimos. El parlamento es hoy una gran foto de familia en la que la sociedad entera posa, esperando quizás mejor momento.

No hay duda de que el PP está disfrutando del juguete. Lleva ya un año gobernando sin rendir cuentas, mientras amplía poco a poco su cosecha electoral a base de atraer a todo aquél cuya prioridad es que nada cambie. Pero tras el sorpasso que no fue también parece que los líderes del PSOE viven esta interinidad relativamente a gusto, entregados a sus batallas internas y haciendo bueno aquello de que es más ser subcampeón que campeón (al menos mientras no sean capaces de presentar un plan socialdemócrata creíble y potente). Por eso y por la pelea de egos PP y PSOE prefieren las terceras elecciones a ceder un ápice. Para ambos mantener la posición basta de momento (deben creer que la crisis irá escampando, sin más). Y así seguimos para bingo hasta que aguante la maquinaria, anestesiando el conflicto político a base de elecciones estériles.

Si la presión ambiental se vuelve insoportable o algún cálculo lo aconseja puede que tengamos un gobierno, que llamarán en minoría. Inicialmente esto provocará cierto alivio, pero no perdamos de vista que ese gobierno mínimo puede ser simplemente una fase más del experimento.

Sólo queda esperar que alguien rompa por fin esta dinámica antes de que esa gran balsa de ciudadanos frustrados se convierta, como Julia Reis, en “fácil presa de los perdidos barcos de la noche”.

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El bloque social del pacto PP-Ciudadanos: comentarios breves

Por Borja Barragué

Pacto bloque social

(Publicado originalmente en Agenda Pública)

Pedro Sánchez decía en un tuit que la reunión con Mariano Rajoy había sido “prescindible”, y en otro que después de la firma del pacto de investidura PP-Ciudadanos el PSOE tiene aún más razones “para no votar a Rajoy”, porque ese pacto consagra “un programa de gobierno conservador y continuista”. Rivera afirmaba, en cambio, que “de las 150 medidas firmadas con Rajoy, 100 las firmé con Sánchez”. Son varios los artículos que han detallado los parecidos y las diferencias del pacto en general. Este post se circunscribe al bloque social del pacto y trata de analizar hasta qué punto las medidas ahí contenidas aportan, como sostiene Sánchez, aún “más razones para votar no a Rajoy”.

Dentro de los “150 compromisos para mejorar España”, el Bloque II está dedicado a la “Sociedad del bienestar y del conocimiento”. Dado que el bloque se divide en 14 epígrafes —comenzando por las pensiones (epígrafe a) y terminando por la cultura (epígrafe n) — y que este post pretende aportar una visión panorámica y resumida de las principales diferencias en materia social entre ambos pactos, me centraré en las divergencias en sólo tres ámbitos —que además concentran buena parte del gasto previsto en la dotación presupuestaria del acuerdo PP-C’s—: (a) garantía de ingresos, (b) igualdad de oportunidades y (c) conciliación laboral y familiar. Los analizaré por este mismo orden.

En ambos pactos con Sánchez y Rajoy, la medida estrella en materia de garantía de ingresos impulsada por Ciudadanos ha sido el Complemento Salarial Garantizado (CSG). Sin embargo, existen dos diferencias significativas entre las políticas destinadas a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad contempladas en febrero en el pacto con el PSOE y las contenidas ahora en el pacto con el PP. Primero, en el pacto PSOE-C’s el complemento salarial formaba parte de un paquete social más amplio que se completaba con (a) una renta mínima de inserción a nivel nacional y (b) un incremento de la cuantía de la prestación por hijo a cargo. El acuerdo PP-C’s destina alrededor de 2.000 millones de euros al CSG, frente a los 7.000 que proponía “distribuir” el acuerdo PSOE-C’s. Segundo, a pesar de que en su redacción actual el CSG se configura como un verdadero “impuesto negativo sobre la renta” (§61), en realidad éste no tiene un tramo negativo. Es decir, genera el derecho a una prestación sólo en el caso de que se tenga un empleo, excluyendo de la protección a toda la población desempleada. Es claro que en un país con un mercado laboral tan disfuncional como el español esto supone una laguna importante. Pero más allá de esto, y en la línea de lo sugerido por la literatura empírica más reciente sobre los créditos fiscales, es probable que el CSG se hubiera tenido que acompañar, como ocurría en el pacto PSOE-C’s, de una subida del SMI, porque de lo contrario aumenta el margen potencial de “captura” de las prestaciones por el empleador en forma de salarios más bajos (Nichols y Rothstein 2015).

Tras el CSG, el programa social con mayor dotación presupuestaria prevista —alrededor de 1.500 millones anuales a partir de 2018— es el Plan contra la Pobreza Infantil (Plan INFANCIA), destinado a reforzar “los Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación”. Pero en esta rúbrica sobre la igualdad de oportunidades hay que incluir otros tres programas del acuerdo: el Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar (Plan PREFE) —500 millones de euros a partir de 2018—, el Plan CONCILIA 3, orientado a una universalización progresiva de la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años —Garicano ha escrito sobre la importancia de la inversión en el capital humano infantil con referencia a los trabajos de Heckman y Hanushek y Woessman aquí y aquí, por ejemplo: 150 millones de euros a partir de 2018— y el Plan de Gratuidad de los Libros de Texto —350 millones a partir de 2018—. Mientras que la universalización progresiva de la educación infantil y las ayudas para la adquisición y la compartición de libros de texto figuran en ambos pactos, el abandono escolar temprano ni siquiera se mencionaba en aquel acuerdo. Al menos a priori, esto podría ser visto como una mejora de aquel pacto en materia de igualdad de oportunidades. ¿Qué hay, si es que hay algo, que Sánchez pudiera objetar en lo atinente a la igualdad de oportunidades en el pacto PP-C’s?

España no es sólo uno de los países europeos con mayor fracaso escolar, sino también una de las democracias industriales con mayor tasa de repetición. Peor aún, como muestra este gráfico, la tasa de repetición en España ha aumentado entre 2003 y 2012, hasta situarse en el 33% del alumnado en 2012. ¿Hay algo de malo en ello? Dicho brevemente, el problema es que repetir es una mala idea, porque existe evidencia (aquí para Uruguay, aquí para EEUU, aquí para España) de que la repetición no sólo está correlacionada sino que es causa del abandono escolar prematuro. Además, no todas las democracias industriales prevén el mecanismo de la repetición. Como recordaba aquí Antonio Cabrales, en EEUU rige un sistema de avance automático de curso desde la década de 1960. ¿Significa eso que deberíamos implantar un sistema de este tipo en España? No necesariamente. Ni siquiera está claro, como observan Brunello y Checchi aquí, que una separación muy temprana de los alumnos à la alemana (a los 10 años) sea una buena idea, por las desigualdades educativas y de oportunidades que genera —sobre todo entre alumnos nativos e inmigrantes—. Sí hay, en cambio, tres cosas más o menos claras: (1) que, a pesar de lo que se establece en el articulado de la LOMCE, la repetición es una herramienta empleada de manera habitual para enfrentar los malos resultados académicos, (2) que la repetición es una mala herramienta para mejorar los resultados de los alumnos y (3) que no hubiera estado de más que en el pacto PP-C’s se apuntaran medidas alternativas a la repetición para reducir el abandono escolar temprano —que, insisto, es quizá el principal reto del sistema educativo español—, más allá de garantizar cierta financiación adicional “a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos” (§79) —y que, por cierto, sólo se mantendrá en la medida en que el centro logre “[reducir] sus tasas de repetición y abandono escolar” (ibídem)—.

Por último, la sección sexta del bloque social prevé, entre otras medidas relativas a la conciliación familiar que también figuraban en el acuerdo PSOE-C’s como el pacto nacional para la racionalización de horarios o la finalización de la jornadas laboral a las 18h, “las medidas necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años” (§66) —800 millones de euros a partir de 2018—. Aquí hay dos cuestiones destacables. Por una parte, se modifica la redacción del inciso referente a los permisos de maternidad y paternidad del pacto PSOE-C’s, que junto al incremento de las 18 a las 26 semanas preveía que “[l]a distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre la madre y el padre”. Esta rectificación puede traer causa de la crítica de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción al redactado del acuerdo PSOE-C’s, al entender que la opcionalidad en realidad implica abrir la puerta a la posibilidad de que las madres se alejen del mercado durante 18 semanas, aumentándose así la discriminación laboral. Por la otra parte, la enorme vaguedad del compromiso sobre los permisos de paternidad y maternidad del acuerdo PP-C’s, que no establece ni el objetivo de equiparación (¿16 semanas? ¿20 semanas? ¿26 semanas?), ni un calendario completo hasta ese objetivo.

Para ser claro e ir concluyendo. Lo anterior no significa que las medidas sociales contenidas en el acuerdo PP-C’s vayan en la mala dirección ni que sean inasumibles por el PSOE. Salvo en algún aspecto notable como la supresión del Ingreso Mínimo Vital, el bloque social del acuerdo PP-C’s constituye, en lo esencial, una versión de dieta o light del anterior pacto con el PSOE. Si el PSOE no puede firmar este acuerdo no es por el bloque segundo, sino por el cuarto. Porque sólo hace falta ver algunos de los puntos contenidos en ese bloque para comprender que estamos ante un documento de politics, no de policies. O, como decía Manolo Hidalgo aquí mismo, porque se trata de un producto político, no de una hoja de ruta técnica para un futuro gobierno.

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Daheim statt Heim: en casa en lugar de en la residencia

Por José María Rodríguez de Santiago

Señora en casa.jpgLa garantía de la accesibilidad universal a la vivienda para las personas mayores de 70 años es, seguramente, una de las cuestiones más relevantes que al Derecho le plantea la realidad de unas ciudades cuya población envejece. A la persona mayor que sube y baja escaleras con dificultad o, incluso, necesita una silla de ruedas, la falta de instalaciones que garanticen la accesibilidad (rampas, ascensor u otros mecanismos elevadores) le puede poner en la tesitura de tener que optar entre vivir en su casa en una situación (más o menos acentuada) de enclaustramiento o irse a una residencia para mayores. Debe tenerse en cuenta, además, que no es infrecuente que las personas mayores vivan precisamente en las edificaciones más antiguas y, por tanto, peor dotadas desde la perspectiva que ahora nos interesa.

Puede pensarse que muchas personas mayores se enfrentan a esa opción forzosa entre la residencia o el encierro en una vivienda propia difícilmente accesible. Y es una constatación fáctica de la experiencia cotidiana que la mayoría de esas personas, si en su mano estuviera una verdadera posibilidad de elegir, preferirían vivir en su casa. Para conocer la realidad del problema del que se está hablando, por ejemplo, en el municipio de Madrid puede echarse un vistazo a este informe (pp. 43-46 y 83-84) elaborado por el Ayuntamiento.

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Rápido y gráfico. Riqueza/ingresos (1)

Por Borja Barragué

Este breve post anticipa algunos de los resultados de un trabajo conjunto que César y yo tenemos comprometido con la Fundación Alternativas.

Hace ya más de cien años, Vilfredo Pareto observó que la distribución de la riqueza sigue una ley de potencia (la famosa distribución paretiana), según la cual aproximadamente el 20% de la población posee aproximadamente el 80% de la propiedad de un país, una regularidad empírica que, según Pareto, se cumplía para toda sociedad y en cualquier época y país. Quizá por ello el análisis económico convencional ha venido asumiendo que la relación entre la riqueza (privada) agregada de un país y su producción nacional (PIB) es constante a lo largo del tiempo. Pero, ¿estamos seguros de que esto es así? El gráfico muestra la evolución de la ratio riqueza/producto nacional, para varias de las principales economías de la OCDE (1970-2013).

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Gráfico 1. Ratio riqueza privada-ingresos en la OCDE, 1970-2013

Lo que muestra el gráfico (construido a partir de los datos de la World Top Income Database) es que la relación riqueza privada/PIB de un país no es constante a lo largo del tiempo (lo que es coherente con los resultados de Piketty y Zucman 2014). Para el periodo considerado y el conjunto de países seleccionados, la riqueza privada ha pasado de equivaler a entre dos y tres veces el PIB anual, a ser el equivalente de entre cuatro y 7 años de producción nacional. Esto es importante al menos por dos razones. Primero, porque sea el país que sea y para la época que sea, la riqueza está más desigualmente distribuida que los ingresos. Y segundo, porque uno de los objetivos del análisis económico es evaluar el bienestar de una sociedad, y esto depende no sólo de cómo estén distribuidos los flujos (PIB), sino también de cómo esté distribuido el stock (riqueza).

Pero, ¿a qué se debe la creciente importancia de la riqueza (como % del PIB) en estas economías en las últimas cuatro décadas? El gráfico muestra la composición de la riqueza para las economías seleccionadas de la OCDE en dos puntos: el primer año –1970 para todos los países salvo España, que es 1987—  y el último de la serie –2012/3 para todos los países, salvo Francia (2010)—.

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Gráfico 2. Composición de la riqueza privada como % del PIB

Lo que muestra el gráfico que en los países anglosajones (Reino Unido y EEUU) los activos financieros tienen un mayor peso en el conjunto de la riqueza de los hogares (lo que está en la línea de lo que encuentran Philippon y Reshef), mientras que en la Europa continental ocurre lo contrario, siendo España el caso más extremo dentro de este segundo grupo. Dejaremos para una entrada posterior el análisis de lo que ocurrido con el valor de los activos no financieros en los últimos 50 años (y su descomposición en los distintos factores), pero, como spoiler, es posible que estemos en condiciones de anticipar un auténtico bombazo: sí, la vivienda tiene algo que ver en todo esto.

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Aglomeraciones, riqueza y mayores (I)

Por Borja Barragué

ElderlyUna ley conocida en la muy interesante literatura sobre ciudades es la llamada ley de Zipf, una regularidad empírica de acuerdo con la cual el tamaño de las ciudades seguiría una ley de potencia tal que la ciudad más grande de un país (Madrid: 3.150.000) tiene aproximadamente el doble de habitantes que la segunda más grande (Barcelona: 1.600.000), el triple que la tercera más poblada (Valencia: 790.000), etcétera. Gabaix muestra que si un conjunto de ciudades crece de forma aleatoria, su distribución seguirá de forma aproximada la ley de Zipf. Pero, ¿por qué crecen las ciudades? ¿Por qué debería importarnos? ¿Qué tienen que ver los mayores en todo esto?

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Remunicipalización: Esa es la cuestión…

Por Julia Ortega

Contexto europeo

Graf_Remunicip.jpgAsistimos a la moda de las remunicipalizaciones en Europa. Se puede decir que hay una tendencia en el nivel de los Gobiernos locales a asumir la gestión directa de los servicios públicos mediante la creación de empresas municipales. Salta a la vista la experiencia de numerosas ciudades, y no solamente europeas (por ejemplo, servicios de abastecimiento y depuración del agua.)

Tras la corriente privatizadora que se extendió por Europa en los años  80 y 90 del siglo pasado, al hilo de las liberalizaciones realizadas a nivel nacional en el marco del mercado interior europeo, y que afectó con ligera intensidad a los servicios públicos locales, el fenómeno contrario está en auge, por lo que respecta al nivel local (Pueden consultarse los datos que proporciona un Estudio de la Federación europea sindical de servicios públicos (EPSU), de 2013 encargado a la Universidad de Greenwich  de Londres y  realizado por el profesor Hall o el trabajo del profesor Bauer de la Universidad de Potsdam.

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¿De verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?

Por Diego Marín-Barnuevo

24082717-quot-el-due-o-anterior-se-rompi-la-correa---quiero-decir-contrato-de-arrendamiento-quotEn los últimos días hemos sabido que algunas Comunidades Autónomas han incluido en los planes de lucha contra el fraude la persecución de los inquilinos que no pagan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO). Ante dicha noticia, la primera reacción de mucha gente ha sido preguntar: pero, ¿de verdad hay un impuesto específico para los inquilinos?, ¿de verdad existe una manifestación de capacidad económica por el hecho de alquilar una vivienda?

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